Arbitraje de consumo

Hay que tener en cuenta que, en una asociación de consumidores, sin animo de lucro como es Adicae, en caso de poner un procedimiento judicial la tendencia es la defensa colectiva de los derechos de los consumidores, en cuyo último termino y tras agotar la vía extrajudicial se intenta agrupar a los consumidores en demandas colectivas por afectados del mismo caso para abaratar la vía judicial.

Teniendo en cuenta este aspecto, ya que cómo asociación de consumidores no somos un bufete de abogados, en la mayoría de los casos donde un consumidor tenga que optar por la vía judicial para defender sus derechos, en comparación con la cantidad reclamada que en la mayoría de las ocasiones no supera los 500€ nunca es rentable esta vía por el coste que supone tanto para el empresario cómo para el propio consumidor.

Partiendo que las controversias pueden ser dependiendo del sector y del problema de consumo en concreto difícil de cuantificar, estimamos de media que el coste que puede tener el interponer una demanda por estos casos puede suponer 600€ sin incluir los gastos del procurador (100€+IVA) en condiciones normales.

El coste de interponer un procedimiento en primera instancia se puede ver agravado. En caso de recurrir en segunda instancia la cuantía a volver a pagar se estima en un importe similar al de la primera instancia.

También podría ocurrir que el caso se elevara al Tribunal Superior de Justicia en cuyo caso esta cuantía de 600€ inicial podría incrementarse por tres, sin contar la posibilidad de condena en costar, intereses legales del dinero y gastos de procurador, además de daños y perjuicios, pudiendo ascender el montante total del gasto del procedimiento en varios miles de euros, dependiendo de la gravedad del asunto.

El sistema arbitral de consumo es un sistema extrajudicial de conflictos totalmente imparcial.

De hecho, el laudo arbitral o informe final vinculante lo toman en consenso tres miembros árbitros de consumo formados por; uno por parte de la propia administración de consumo, otro en representación de los empresarios (Cámara de comercio) y el último una asociación de consumidores, representante de los consumidores en base todos, a derecho.

Por lo que tanto, a veces se dictamina que incumple el empresario cómo en otras ocasiones es el propio consumidor quien desconoce sus obligaciones, por lo que el porcentaje de laudos arbitrales favorables y desfavorable es de aproximadamente el 50%.

Recordemos que el arbitraje de consumo es gratuito, no tiene coste, mientras que cuando el consumidor se decide a demandar a través de un abogado con el consecuente coste que esto supone, el consumidor lo hace consciente de que las posibilidades de ganar el juicio cuando se trata de un problema de consumo son muy altas.

Mientras que en un juicio es necesario estar personado, en un laudo arbitral no es estrictamente necesario.

Además, los miembros que forman parte de la junta arbitral no son los abogados de ambas partes, sino tres miembros o árbitros designados por la junta arbitral de consumo, que en base a la documentación aportada por consumidor y empresa, resuelven la controversia siendo tres árbitros designados por la junta arbitral, uno por parte de la propia administración de consumo, otro en representación de los empresarios y el último una asociación de consumidores.